En las reformas a la Constitución Política del Estado de Baja California Sur en lo que se refiere a la iniciativa de prohibición del desarrollo de proyectos mineros en la entidad que utilicen el proceso de lixiviación de cianuro o mercurio para la obtención del mineral, “nosotros como Congreso del Estado elaboraremos un dictamen que presentaremos al pleno de la XIV Legislatura el cual las empresas mineras no nos puedan controvertir legalmente. Presentaremos un documento que sirva a la sociedad sudcaliforniana, que defienda los derechos de miles de mujeres, hombres y niños que ven amenazado su futuro”, aseguraron diputados locales al reunirse con representantes de asociaciones de ciudadanos que se oponen a la denominada minería toxica en el estado.
Encabezados por los legisladores Alfredo Zamora y Rodolfo Davis Osuna presidentes de la comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y de Ecología respectivamente, instancias que elaborarán el dictamen correspondiente, y con la presencia del Presidente de la Junta de Gobierno, Diputado Marco Antonio Almendariz Puppo y la Diputada Guadalupe Rojas Moreno, en la reunión se puso de manifiesto una vez más los problemas que traería para la entidad la puesta en marcha de proyectos de minería tóxica.
La iniciativa presentada semanas atrás por diputados de la Fracción del Partido Acción Nacional busca blindar al estado de Baja California Sur de la presencia de empresas que se dedican a la explotación de la minería que utiliza procesos químicos que contaminan el medio ambiente, y se encuentra en este momento en el proceso de allegarse información para la elaboración del dictamen correspondiente que el pleno de diputadas y diputados habrá de votar próximamente.
La Diputada del Movimiento de Regeneración Nacional, Guadalupe Rojas señaló que para ella como representante popular “es preocupante el tema de la minería tóxica” y señaló que se tiene que elaborar un dictamen “bien fundamentado que no tenga por donde sea rechazado en términos jurídicos”.
En el mismo sentido el Diputado Alfredo Zamora García comentó que la iniciativa presentada por la XIV Legislatura tiene como finalidad la defensa de los intereses de los sudcalifornianos, “vamos a elaborar una reforma que sirva a nuestra gente, a la actual y a las futuras generaciones de habitantes de Baja California Sur. Nos asesoraremos de especialistas nacionales en el tema para tomar las
mejores decisiones en este aspecto tan importante para todos nosotros”.
A su vez el Presidente de la Junta de Gobierno, Marco Antonio Almendariz Puppo comentó que en el proceso legislativo “consultar a la sociedad en el tema que sea, siempre es un ejercicio sano para tomar las mejores decisiones para los ciudadanos de Baja California Sur”, puntualizando que lo que respecta ala minería tóxica “es un tema que preocupa a la sociedad sudcaliforniana, y por ello el Congreso del Estado haciendo eco de esta preocupación defenderá los derechos de la sociedad a un medio ambiente sano como un derecho humano fundamental”.
La profesora Blanca Trasviña pidió a los diputados que el Congreso del Estado “haga una respetuosa solicitud” a la Comisión de Ecología de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que visite Baja California Sur “y podamos exponerle de viva voz la urgencia de modificar leyes federales en esta materia para proteger el medio ambiente de nuestro estado, y proteger a sus habitantes”.
Señaló que es necesario dar la batalla legal contra estas empresas, “pues si dejamos que entre una a operar, se vienen como cascada otras más, ya que solamente en el Municipio de La Paz existen más de 240 mil hectáreas concesionadas. No hay que concentrarse solamente en Los Cardones, sino en otros proyectos similares también”.
Blanca Trasviña comentó que en la zona de Los Planes hay datos comprobados de la afectación a personas por utilizar agua contaminada en los 60 pozos existentes en la región, y precisó que quienes se dedican a la siembra de productos orgánicos “acaban de recibir la noticia de que sus productos están contaminados y ya no podrán ser comercializados, todo ello a causa del agua contaminada”.
Los asistentes reconocieron que la batalla legal contra las mineras no será nada fácil, y dieron a conocer esquemas locales en los que se puede legislar, como es el imponer por parte del estado altas fianzas para resarcir daños que hagan incosteable la operación, tal como ha sucedido en otras entidades federativas.
Juan Ángel Trasviña se pronunció por convocar a constitucionalistas y especialistas en derecho ambiental que no están de acuerdo para fortalecer la propuesta de blindar al estado contra la minería tóxica.
El Director de Ecología del Ayuntamiento de La Paz, Fausto Santiago León pidió a los diputados fortalecer el dictamen retomando los daños ocasionados por la industria minera hace más de 200 años y que todavía persisten en la zona sur del estado en las poblaciones de San Antonio y el Triunfo y que han afectado el acuífero que surte a San Juan de Los Planes.
La iniciativa contempla la modificación al párrafo cuarto del Artículo 11 y al párrafo cuarto Fracción VII del Artículo 148 de la Constitución del Estado. En lo que respecta al Artículo 11 se propone adicionar que: “ni se autorizarán usos de suelo a proyectos mineros metalúrgicos a cielo y/o tajo abierto, ni tampoco se autorizarán usos de suelo a cualquier proyecto minero
metalúrgico, cualquiera que sea su denominación, que utilice en su proceso de lixiviación cianuro o mercurio”.
En lo concerniente al Artículo 148, que habla de las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en la entidad, se adiciona un párrafo que dice: “..ni se autorizarn usos de suelo a proyectos mineros metalúrgicos a cielo y/o tajo abierto; ni tampoco se autorizarán usos de suelo a cualquier proyecto minero metalúrgico, cualquiera que sea su denominación, que utilice en su proceso de lixiviación cianuro o mercurio”.
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